• 15 noviembre, 2012

Problemas de dar de baja la empresa en Hacienda y Seguridad Social y no disolverla formalmente

Dar de baja la empresa en hacienda no es suficiente para cerrarla

Las obligaciones del empresario, del administrador, no cesan con dar de baja la empresa en Hacienda y la Seguridad Social para cerrarla. Y, en cambio, puede traerle otros problemas en la inmensa mayoría de los casos. Cuando el proyecto de la empresa entra en crisis y los socios deciden no continuar el negocio, no es infrecuente escuchar a alguien que nos recomienda que, simplemente, dejemos morir una sociedad puesto que ya no tiene actividad. Que, “con darla de baja en Hacienda y la Seguridad Social es suficiente”.

Uno de los argumentos más usados al dar este consejo es que es más barato y sencillo hacerlo así que extinguir formal y legalmente la sociedad puesto que nos ahorraríamos los costes de Notario, Registrador Mercantil y posiblemente del Abogado cuando no también del Administrador Concursal y del Liquidador. Es decir, que es muy común pensar que con cumplir con determinadas obligaciones tributarias (dar de baja la empresa en hacienda) y sociales (darla de baja en la Seguridad Social), pero soslayando las obligaciones societarias y mercantiles, será suficiente y que la cosa no irá a mayores. El contexto más frecuente de una recomendación de este tipo suele ser el de una empresa que resulta insolvente; que no puede pagar sus deudas de manera ordinaria. Y se suele recomendar así porque parece más fácil y barato optar por dar de baja la empresa en hacienda que cumplir con lo que la Ley exige; que cuando una entidad se encuentra en infracapitalización o despatrimonializada y no se puede recapitalizar o reducir más su capital social, se proceda a su disolución y, una vez ello, se inicie el procedimiento de liquidación para satisfacer a los acreedores si es que ello es posible.

Consecuencias de dar de baja la empresa en hacienda sin cumplir con el resto de obligaciones

Peligroso consejo. Sobretodo, en determinados casos porque optar por dar de baja la empresa en hacienda y dejar inactiva la sociedad, y pensar que con eso se resuelven todos los problemas, puede resultar de lo más problemático. Sobretodo, en lo concerniente al órgano de administración de la sociedad; ya adquiera éste la forma de Administrador Único, solidario, mancomunado o se trate de un consejo de administración.

En muchos casos, se dejan inactivas las sociedades con deudas pendientes, sin presentación de cuentas anuales de uno o varios ejercicios atrás como si no fuera a pasar nada pero, la realidad es que, siendo ésta insolvente, el órgano de administración se expone de manera exponencial a que sus acreedores le insten una demanda de derivación de responsabilidad en su patrimonio personal, dado que comprueban que el de la mercantil es inexistente.

Posibilidad que se encuentra contemplada y bien regulada por la Ley de Sociedades de Capital, tanto en relación a Limitadas como a Anónimas. De hecho la citada Ley dice en sus artículos 236 y 237 que:

Artículo 236. Presupuestos de la responsabilidad.

1. Los administradores de derecho o de hecho como tales, responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.

2. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.

Artículo 237. Carácter solidario de la responsabilidad.

Todos los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél.

Bastará con que el administrador no haya presentado las cuentas anuales de determinado año; que no haya instado la disolución y posterior liquidación de la empresa a tiempo; o bien que no haya adoptado otra serie de medidas que la Ley le exige cuando hay insolvencia, para que ya sea posible hacerle responder por las deudas sociales pues en todos estos casos la Ley legitima al acreedor para dirigirse sobre los bienes del administrador cuando no encuentre con qué cobrarse dentro del patrimonio social. Difícil escapatoria tiene, entonces, el administrador social para no llegar a ser ejecutado forzosamente. Además, por aplicación del artículo 949 del Código de Comercio, la responsabilidad de los administradores y directivos prescribe a los cuatro años, tomando normalmente como díes a quo (fecha de inicio del cómputo) la del cese del cargo.

Se dirá, con lo dicho, que sería suficiente con que dimitiera el administrador o con que se disuelva la empresa. Pues bien, no siempre será suficiente, porque será preciso nombrar a un liquidador cuya responsabilidad es análoga a la del administrador ya que, si la empresa carece de bienes, legalmente se ve obligado a incoar un concurso de acreedores para tratar de satisfacer a éstos y si no lo hace, será él quien pueda responder también por los daños causados.

En el actual contexto de crisis debe mantenerse más que nunca la observancia de las obligaciones legales pues aumentan los recobros en las empresas y particulares. Quien tenía un crédito a favor, que había dejado arrumbado porque la marcha de la empresa iba bien, cuando necesita liquidez se acuerda de los antiguos deudores, los difíciles, de manera que aquel que pensó que dejando la empresa morir no le iba a pasar nada se encuentra, de repente, que le reclaman una suma muy importante de dinero.

 

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