• 19 enero, 2016

Derecho de información no ejercitable

Blog - Derecho de Información no ejercitable | UCELAY Bufete de Abogados Mercantiles en MadridCuando existen discrepancias en torno a la gestión de las sociedad es frecuente que los accionistas recurran al uso de su derecho de información. Este derecho de información se interpreta en un sentido muy amplio actualmente. Pese a ello, el derecho de información de socios y accionistas se encuentra sujeto a limitaciones, como no podía ser de otra forma por cuanto en nuestro Ordenamiento Jurídico ningún derecho o libertad es absoluto sino que unos y otros se encuentran moderados por su interacción con otros derechos o libertades.

Uno de los límites que tiene el derecho de información se encuentra relacionado con el momento en que puede ejercitarse. Efectivamente, no existe en la Ley de Sociedades de Capital un derecho a que el accionista o el socio puedan obtener cualesquiera informaciones sobre la sociedad y en cualquier momento de la vida societaria.

En relación al límite temporal sobre el ejercicio del derecho de información, cabe decir que el mismo está sujeto a un primer obstáculo a superar (siempre que los estatutos no prevean otra cosa): el derecho de información debe ejercitarse siempre con ocasión de la celebración de una Junta General de socios o accionistas. Por lo tanto, insistimos que salvo que los estatutos regulen un derecho más amplio, no cabe ejercerlo si no existe una junta convocada.

A esta primera limitación sobre su tempestividad, cabría preguntarse si resulta de aplicación otra con la que está estrechamente conectada: que la información a solicitar deba estar relacionada con materias competencia de la Junta.

Llegados a este punto, cabe preguntarse si serían lícitos los supuestos en los que los accionistas solicitan al órgano de administración la convocatoria de una Junta para que los administradores informen a aquéllos sobre determinados asuntos de su interés. De hecho, la Ley de Sociedades de Capital regula el derecho de los socios y accionistas a solicitar la celebración de una Junta (Arts. 168 y 169 de la LSC) y en su petición deben referir cuál es el orden del día que solicitan.

Un ejemplo amparado en el derecho a solicitar convocatoria de junta y prefigurar su contenido sería la siguiente petición de un accionista dirigida al órgano de administración para que convoque Junta en la que consten en el orden del día los siguientes puntos de información:

– Listado de todas las operaciones financieras, crediticias y/o contractuales suscritas por la sociedad para la financiación y desarrollo de la actividad social.

– Relación completa y detallada de todos los contratos privados suscritos con los clientes actualmente vigentes y los que se hayan suscrito y rescindido durante el último ejercicio.

– Relación completa y detallada de las distintas cuentas bancarias con todos sus movimientos y saldos al momento actual, así como las existentes del último ejercicio con detalle concreto y preciso de las abiertas a partir del ejercicio anterior y de las canceladas en el último, así como las personas autorizadas que figuren actualmente en las mismas, con expresión de las facultades de apoderamiento otorgada.

– Relación de los ingresos y gastos (incluidos los de personal) desde un determinado ejercicio hasta el último.

Como se puede observar, los puntos del orden del día tomado como referencia hacen referencia a la gestión de los administradores, al gobierno societario, pero, sin embargo, ninguna de dichas peticiones encaja con las funciones o competencias que la Ley atribuye a la Junta General. La respuesta, por tanto, ha de ser negativa (Con prudencia a tenor de lo que se dirá después) pues el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital regula las materias que son competencia de la Junta y su tenor literal parece no amparar la petición de los socios o accionistas transcrita si las peticiones de información no tienen relación con algún acuerdo incardinable en dichas materias:

Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital asuntos:

  1. a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.
  2. b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
  3. c) La modificación de los estatutos sociales.
  4. d) El aumento y la reducción del capital social.
  5. e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
  6. f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
  7. g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.
  8. h) La disolución de la sociedad.
  9. i) La aprobación del balance final de liquidación.
  10. j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.

Como se puede inferir de dicho artículo, no existe una competencia de la Junta para que ésta informe a los accionistas. Es más, la junta general de socios solamente tiene por objeto deliberar y decidir sobre los asuntos propios de su competencia, no informar. Como han declarado múltiples sentencias de Audiencias Provinciales no puede convertirse el derecho de información del socio, vinculado a los asuntos del orden del día sobre los que la junta general tiene que deliberar y decidir, en objeto mismo de la convocatoria de la junta para que los accionistas obtengan determinada información o documentación y, en consecuencia, los administradores pueden denegar la petición de incluir puntos del orden del día en tal sentido en la convocatoria de la junta.

En consecuencia, en principio parecería que para satisfacer la pretensión de los socios o accionistas interesados, el cauce adecuado en estos casos será ejercitar su derecho de información, precisamente, con ocasión de una junta en que se someta a deliberación y decisión asuntos que sean de su competencia de manera que ni siquiera bastará el mero amparo en los artículos 168 y 169 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que citábamos antes para que el socio o accionista imponga a los administradores o al órgano judicial el orden del día de una convocatoria de una junta general extraordinaria sino que sólo podrá convocarse para deliberar y tomar acuerdos sobre asuntos de su competencia. Ello pese a que los artículos 168 y 169 de la LSC señalan que, cumplidos los requisitos formales, deben incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud, pues se refieren a asuntos que sean competencia de la junta ya que según la Jurisprudencia Menor, al legislador le parece que sería ingobernable una sociedad donde bastara el solo hecho de que se cumplieran los requisitos formales de un requerimiento para la automática inclusión en el orden del día de asuntos que tuviera a bien introducir el peticionario en su solicitud.

En este sentido, podría alegarse que dado que el derecho de información está sujeto al límite genérico o inmanente de su ejercicio de forma no abusiva objetiva y subjetivamente, esta forma de ejercerlo sería improcedente.

Sin embargo, como apuntábamos más arriba, lo expuesto podría quedar cuestionado por algunos pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo que podrían alterar lo que hasta ahora se ha venido aplicando. La sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2015 asume una doctrina de otra STS de 13 de junio de 2012, lo que lo convertiría en Jurisprudencia Mayor, en la que expresamente se declara: “Constreñido por el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas -hoy 197.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital- el derecho de información de los socios a “los asuntos comprendidos en el orden del día la pretensión de limitar los derechos de la minoría cualificada a proponer la adopción de acuerdos, vetando aquellos que tengan por objeto obtener información sobre asuntos sociales que no están relacionados con asuntos consignados en el orden del día confeccionado por los administradores, al socaire de que la junta es un órgano decisorio sobre materias de su competencia, cercenaría de forma inadmisible el derecho autónomo de información de los sociospor más que habitualmente tenga finalidad instrumental en relación con la formación de la decisión de voto-, y permitiría a los administradores una opacidad sobre aquellas materias que decidieran no someter a la junta, extremos incompatible con el deber de trasparencia de quien gestiona bienes ajenos“.

Ciertamente, esta doctrina podría requerir matices porque en ambas litis se trataba de sociedades anónimas, existían acuerdos a adoptar en el orden del día con los que podría tener relación la información solicitada por lo que, como siempre, habrá que analizar cada caso concreto para determinar cuál sea la solución más lógica. Más aún si consideramos que si tomáramos tal cual este criterio de que el accionista pueda obtener informaciones sin precisar la existencia de propuesta de acuerdo previa por él o por el órgano de administración, podría chocar frontalmente con una Jurisprudencia Mayor consolidada que sostiene lo contrario y exige conexión con los acuerdos previstos en el orden del día aunque ésta no tenga que ser especialmente fuerte. Además, el Supremo debería explicar o matizar lo transcrito puesto que, hasta ahora, los juristas habíamos entendido por “acuerdo” el punto del orden del día que requiere votar para tomar una decisión pero no en otro sentido.

Breves conclusiones:

  • El derecho de información no es absoluto sino que está sujeto a diversos límites. En lo que aquí interesa, en principio, debe ejercerse existiendo una Junta convocada y guardar relación con los asuntos comprendidos en el Orden del día que sean competencia de la Junta. No obstante, debe analizarse caso por caso para determinar la mejor solución jurídica.
  • El derecho de información puede extenderse estatutariamente de diversas formas. Podría reconocerse un derecho directo de los socios o accionistas a recibir determinadas informaciones del órgano de administración de forma periódica, con relación a determinadas materias etc. y cabe ampliar las materias competencia de la Junta mediante su inclusión en los estatutos.

Tanto si es accionista o socio como si es administrador, podemos ayudarle a preparar una junta convocada; analizar las peticiones de información recibidas o articular éstas según los límites legales de manera que a quien tiene que examinar las peticiones de información no puedan declararle nulo el acuerdo y a quien las formula no se las denieguen.

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