• 15 enero, 2018

Los problemas de emitir facturas falsas y genéricas

Facturas falsas y genericas - Ucelay Abogados
Emitir facturas falsas, esto es, facturas que no están respaldadas por servicios realmente prestados es un delito y un ilícito administrativo y civil.

 

¿Por qué se recurre a facturas falsas?

Los empresarios y las asesorías recurren a este tipo de documento jurídico para instrumentar o encubrir determinadas operativas y lo suelen hacer porque los contratos verbales están admitidos en nuestro Ordenamiento Jurídico. En este sentido, suelen usarse a estos efectos por el hecho de que los acuerdos verbales, por su propia naturaleza, no dejan prueba de los términos de su contenido y consideran que dicha ventaja puede servir para generar una apariencia suficiente que les permita simular un negocio jurídico.

 

Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, es más bien al revés, pues aunque los contratos verbales son legales y son forma habitual de contratación, lo cierto es que la inexistencia de documento escrito suele tomarse como prueba de incumplimiento administrativo, fiscal y penal, cuando existen otros indicios de ilicitud. Concretamente hablaríamos de un fraude tributario y de otros tipos. En un artículo anterior ya hablábamos sobre los acuerdos verbales y sus riesgos.

 

A tal fraude habría que sumar las sanciones, recargos e intereses que habría que abonar cuando la Administración Tributaria detectara dicha práctica y ordenara su regularización, lo que en casos extremos podría dar lugar a embargos administrativos, en su caso, tanto al sujeto pasivo directo como a otros responsables así calificados por la legislación fiscal. En un artículo anterior recogíamos algunas de las principales razones para documentar los acuerdos verbales.

 

Indicios que apuntan a la falsedad de las facturas

Un indicio podría ser, en su caso, las facturas que tienen descripciones genéricas de concepto lo cual incumple claramente la normativa tributaria reglamentaria que exige uno detallado. Esto refuerza la idea de que podemos encontrarnos ante facturas falsas que se usan con una finalidad fraudulenta ya que si la Ley obliga a hacer una descripción específica y detallada del servicio contra el que se gira la factura y ésta no existe, se podrá tomar como un indicio de inexistencia de prestación real de servicios si no se es capaz de aportar otros documentos o hechos (lo que a buen seguro será casi imposible pues como venimos apuntando se usan acuerdos verbales para no dejar rastro) que destruyan la presunción.

 

Otras veces los que así operan tratan de crear un documento pre datado a posteriori a modo de contrato ficticio que trata de justificar los servicios, pero dejando aparte que sería un delito adicional dicha falsedad documental, tanto la AEAT como los Tribunales podrían pedir documentación de soporte complementaria que así lo respaldara, tales como correos electrónicos sobre prestación de servicios; testificales; informes y dictámenes emitidos, y otras diligencias probatorias para cuya defensa no serán suficientes respuestas vagas o genéricas ni tampoco “el no recordar” como solemos ver en las declaraciones de los encausados.

 

Otros problemas asociados a las facturas falsas

La existencia de facturas falsas trae otros problemas. Así, por ejemplo, se estaría vulnerando el principio de imagen fiel de la contabilidad de la compañía lo que añadiría otro hecho potencialmente punible. Por otra parte, el análisis de las facturas no superaría el dictamen de un auditor que percibiera la irregularidad, lo que haría que su dictamen tuviera salvedades.

 

Asimismo, a mayores, si la empresa llegara a tener problemas reales de solvencia y tuviera que concursarse, el administrador judicial nombrado podría detectar estas irregularidades contables y documentales también y proponer la culpabilidad del concurso con toda la responsabilidad derivada que ello podría suponer para el administrador y ello sin perjuicio de que pudiera llegar a solicitar o proponer al juez la rescisión de las operaciones entre las partes por haber sido claramente en perjuicio de la sociedad y carecer de justificación, lo que haría que las entidades emisoras de las facturas tuvieran que devolver lo recibido en su día.

 

Finalmente, si las facturas forman parte de determinadas operativas, las autoridades podrían llegar a considerarlas un indicio de blanqueo de capitales en ciertos contextos, lo que también es un delito.

 

Por todo ello, hacemos notar la peligrosa práctica, a menudo sin consciencia de su peligrosa trascendencia real para los implicados que tienden a minusvalorar la capacidad de otros para descubrir irregularidades, de emitir facturas falsas, práctica que no podemos aconsejar en ningún momento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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