• 9 febrero, 2018

Imposición de acuerdos abusivos

Imposición de acuerdos abusivos

El caso más habitual de la impugnación de acuerdos en las juntas de socios el que suele tener lugar por una vulneración directa de la Ley, de los Estatutos o del Reglamento que rija la Junta de la sociedad.

Sin embargo, la ley también contempla la posibilidad de impugnar un acuerdo social si el mismo ha lesionado el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, o bien cuando la imposición de los acuerdos no lesionan el interés social pero son impuestos de forma abusiva por la mayoría.

Cuando la ley se refiere a lesión del interés social, nuevamente estamos ante lo que se llama un concepto jurídico indeterminado que requiere ser concretado caso por caso y cuyos contornos no siempre estarán claros.

En este aspecto, debemos llamar la atención sobre el importante papel que juega aquí un Abogado pues frecuentemente existe una gran asimetría entre lo que una persona no jurista suele entender por imposición abusiva y el significado y alcance jurídicamente que realmente tienen desde una perspectiva legal. No siempre coincidirá y a menudo la percepción subjetiva de un concepto de este tipo es más amplia para una persona ajena al Derecho que la consideración jurídica del mismo. La explicación suele radicar en que el cliente tiende a considerar que es un mero concepto moral mientras que el profesional sabe que se trata de un concepto jurídico cuyo alcance tiende a ser mucho más estricto o reducido. O lo que es igual, a menudo lo moral es más amplio que lo legal. Sobretodo, cuando hay litigios.

Delimitación del supuesto de hecho en la impugnación de acuerdos sociales

Como decíamos, los contornos de los presupuestos necesarios para impugnar no siempre son evidentes. Algunos de ellos serían los siguientes:

  • En principio, se entiende por interés social el integrado por la suma de los intereses particulares de sus socios, de forma que cualquier daño producido en el interés común del reparto de beneficios, o en cualquier otra ventaja comunitaria supone una lesión al interés social. Sería el caso de un acuerdo de junta que aprobara una retribución excesiva del administrador único que, al mismo tiempo, es socio o cuya carga de trabajo o de responsabilidad no se corresponde con la remuneración acordada privando, así, de parte de sus dividendos a los socios.
  • Sentada dicha breve aclaración, la jurisprudencia ha entendido que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. Esto es, con carácter general, serán aquellos acuerdos de la mayoría que no persiguen razonablemente el interés del conjunto de los accionistas desde la perspectiva contractual; ni los de la sociedad, desde la perspectiva institucional, y perjudican a los minoritarios. Por ser abusivos – lo cual implica tanto entender el ejercicio del voto como un abuso de derecho o un abuso de poder- deben entenderse contrarios a los intereses de la sociedad, cuyo legal funcionamiento exige también el respeto razonable de los intereses de la minoría por la mera aplicación del principio de buena fe que debe regir en las relaciones jurídicas por disposición del artículo 7 del Código Civil.
  • Lógicamente el perjuicio debe ser probado pues, en otro caso, quedará en una mera alegación de parte subjetiva o totalmente discutible que admitiría otras lecturas
  • A su vez, debe poder probarse también la existencia de una relación de causalidad entre la presunta lesión del interés social y el beneficio obtenido con dicha vulneración.
  • Además, el motivo de impugnación de que se trata no puede ser esgrimido para la defensa de los intereses particulares de un solo socio.

Discernir la concurrencia de los presupuestos básicos para impugnar por imposición de acuerdos abusivos y la posibilidad de ilícitos penales

  • Carlos Ucelay Rodríguez-Salmones | UCELAY Bufete de Abogados Mercantiles en MadridSin embargo, cada caso es único y existen múltiples casos donde se puede estimar lesionado el interés social o perjudicado ilegítimamente los derechos e intereses de los socios minoritarios. Establecer cuando procede o cuándo no exige un análisis de las circunstancias de cada caso de forma personalizada y será necesario para, al menos, tener una idea preliminar sobre la viabilidad de éxito en la impugnación.
  • De hecho, debe añadirse que la imposición de acuerdos abusivos puede llegar a constituir un delito castigado con pena privativa de libertad por el Código Penal cuando, por las circunstancias en que los mismos se produzcan, permitan inferir que se han producido con dolo y como parte de un plan criminal.

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