• 20 marzo, 2020

Medidas extraordinarias sobre el gobierno y administración de sociedades acordadas por el Real Decreto de Estado de Alarma

A consecuencia de la pandemia causada por el corona virus Covid-19, con fecha 14 de marzo de 2020, el gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este decreto, a su vez, ha sido modificado unos días más tarde por el Real Decreto Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, por lo que actualizamos los apartados afectados que habíamos publicado en relación a las no cotizadas referidos al artículo 40 quedando las previsiones de los artículos 42 y 43 inalteradas.

En los artículos 40 a 43 se regulan distintas medidas que modifican, coyunturalmente, el régimen societario de las empresas. Por su parte, el artículo 41 se dirige a modificar la regulación del funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas, por lo que nos centraremos, para esta nota legal, en los preceptos restantes, aplicables al resto del tejido empresarial predominante en el territorio nacional.

Es importante hacer notar que este régimen legal urgente y extraordinario, por ese mismo carácter, se impone a cualquier otra regulación. De modo que la legislación de sociedades de capital y la regulación estatutaria de las sociedades, durante la vigencia del decreto de alarma, ceden ante esta regulación imperativa.

Comenzando por las medidas del artículo 40 del Real Decreto precitado, este establece que serán aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. Aunque no define un ámbito de aplicación directamente, en su apartado primero, al referirse a la celebración de las sesiones de los órganos de gobierno aclara, entendemos que de forma no exhaustiva, qué tipos de personas jurídicas están en dicho ámbito de aplicación de la norma.

Entre ellas, encontraríamos que resulta aplicable a las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones.

Las medidas extraordinarias en el régimen societario, reguladas en el Real Decreto, serían las siguientes:

Medidas relativas a las reuniones de los órganos de gobierno

Ante las limitaciones de circulación como cautela para prevenir una expansión más descontrolada aún del contagio, se permite, aunque no se regulara previamente en los estatutos, las sesiones sin presencia física:

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todas estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.

 

Medidas relativas para la formulación y aprobación de cuentas anuales

La mayor parte de las sociedades tienen como ejercicio económico el año natural. De modo que los administradores, para cumplir con sus obligaciones legales, disponen de tres meses para formular sus cuentas y de otros tres para convocar y celebrar la reunión pertinente para someterlas a deliberación y, en su caso, votación para aprobarlas. En este caso, las medidas buscan integrar las limitaciones de circulación con dichos deberes societarios:

La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales.

Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria por otra propuesta.

El órgano de administración deberá justificar con base a la situación creada por el COVID-19 la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado, que deberá también acompañarse de un escrito del auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta.

Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta general que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la celebración de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de administración deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya convocada. En relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación, escrito de auditor de cuentas señalados en el párrafo anterior. La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.

Medidas relativas a supuestos de separación de socios

En las sociedades de capital, el socio tiene derecho a separarse en los supuestos previstos en sus estatutos, así como en los casos y con los requisitos previstos en el artículo 348 de la Ley de Sociedades de Capital. En otras sociedades como las cooperativas, pueden causar baja los socios con arreglo a su normativa específica. En todo caso, el decreto arbitra estas previsiones legales de obligada observancia:

Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

Medidas relativas a la disolución de sociedades

Dado que el régimen de disolución de sociedades, por causas legales, es realmente severo y con consecuencias graves, en términos de responsabilidad personal patrimonial derivada, para los administradores si no cumplen con sus obligaciones en los plazos legalmente establecidos; ante las limitaciones impuestas por le decreto de alarma, se arbitran excepciones a la perentoriedad de plazos normalmente aplicables:

En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

Estas medidas deben complementarse con la suspensión de pagos que, a menudo, convive con una causa de disolución también, aunque sean supuestos independientes, motivo por el cual se regula en el artículo 43:

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Medidas relativas a las inscripciones de asientos registrales

Finalmente, el artículo 42 del Real Decreto, regula la suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro para los asientos de presentación en cualquier supuesto en el que ello fuera obligatorio legalmente:

Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.

El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso.

 

 

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