• 13 junio, 2013

Responsabilidad de los Administradores por deudas sociales

Un supuesto frecuente y al que todo administrador debe prestar especial atención es la situación patrimonial de la sociedad pues si la empresa tiene pérdidas por debajo de un nivel legal que ahora indicaremos podría existir responsabilidad de los administradores por deudas sociales de ésta y podrían tener que hacer frente a las mismas con su patrimonio personal.

Causas de disolución de una sociedad limitada

Efectivamente, la ley prevé una serie de casos graves en los que exige la automática disolución de la empresa. Establece el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital que constituyen causas legales de disolución de la sociedad las siguientes:

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto.

c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.

d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.

e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

En todos estos casos, los administradores tienen obligación de disolver la sociedad si no se toman las medidas correctoras que prevé la propia Ley para evitarlo. Centrándonos en el supuesto e), analicemos las características de la responsabilidad de los administradores por deudas sociales que se encuadran en el concepto legal de pérdidas.

Primeramente, hemos de partir del concepto de pérdidas a partir del cual la Ley impone unas obligaciones a los administradores que, en su caso, pueden acarrearle una responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones. Y como dice dicho apartado, las pérdidas serán legalmente relevantes a estos efectos cuando las mismas dejen reducido el patrimonio neto de la sociedad por debajo de la mitad del capital social de la empresa. Sería el caso de una sociedad que tuviera por capital 3.000,00 euros y su patrimonio neto estuviera en 1.499,00 euros como máximo o incluso en negativo completamente. Por tanto, los administradores tienen que estar muy atentos en el seguimiento financiero de las cuentas de la sociedad para detectar a tiempo si incurren en dicha circunstancia o no.

Responsabilidad de los administradores por deudas sociales, pérdidas o insolvencia

Por tanto, si existen pérdidas, tal y como las hemos descrito, la Ley requiere que los administradores adopten una serie de medidas porque, en otro caso, según el artículo 367 de la LSC responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. Las medidas que pueden adoptar para evitarlo son las siguientes:

a) Que los administradores promuevan un aumento dinerario que capitalice la sociedad o se reduzca el capital en cuantía suficiente. Y, en ambos casos, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

b) Convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución;

c) Que soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

Si los Administradores de la sociedad no adoptan alguna de dichas obligaciones, pueden encontrarse con una demanda derivación de responsabilidad por la que tengan que responder personalmente con su patrimonio por las deudas sociales acaecidas con posterioridad a la ocurrencia de la causa de disolución.

Se pretende con ello establecer una medida coercitiva para velar por los intereses de los proveedores y acreedores de las sociedades. Pues si el administrador correr el riesgo de responder con su patrimonio, normalmente no permitirá la existencia de una causa de disolución de la sociedad que le obligue a ello. De esta manera el legislador trata de crear un mercado en el que se minimice la posibilidad de contratar con empresas insolventes.

Elementos de interés para determinar la responsabilidad de los administradores por deudas sociales

Como siempre en Derecho, las normas deben aplicarse e integrarse con elementos de juicio que no están presentes en su literalidad y que suelen ser perfilados por la jurisprudencia con cada caso concreto. Veamos algunos de estos elementos que pueden tener gran relevancia a la hora de valorar la situación de un administrador:

1.- Una responsabilidad objetiva y automática. Se establece una responsabilidad “ex lege” o de carácter objetivo cuyo fundamento descansa en el incumplimiento por los administradores del deber que les impone la Ley de convocar la junta de socios en el plazo de dos meses desde que se constata la causa de disolución imperativa. Para que se aplique la consecuencia legal basta con que la sociedad incurra en causa de disolución por pérdida del patrimonio a un valor inferior a la mitad del capital social, y que el administrador, incumpliendo el deber legal, no convoque junta para disolver la sociedad en el plazo de dos meses. Si esto sucede, la consecuencia es la responsabilidad solidaria de los administradores “por todas las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución”.

2.- Debe probarse la existencia de la causa de disolución por quien pretenda una derivación de responsabilidad contra los administradores sociales. Corresponde a la demandante demostrar la existencia de la causa de disolución. En términos procesales, puede afirmarse que no existe inversión de la carga de la prueba ni prueba por presunciones, así que este extremo de la reclamación debe estar realmente bien acreditado.

3.- No precisa la producción de un daño ni la relación de causalidad y no requiriendo, por ello, la demostración de culpa del administrador demandado. Lo que viene a ser una consecuencia de ese carácter objetivo y cuasi automático que hemos mencionado.

4.- La responsabilidad es solidaria, no subsidiaria. Atención porque es una responsabilidad de carácter legal o sancionadora. Va dirigida a exigir la responsabilidad de los administradores por deudas sociales acaecidas posteriormente a la causa de disolución por pérdidas y, por tanto, no está subordinada a la insuficiencia patrimonial de la sociedad. Es decir, no es necesario que sea inviable el cobro ante la sociedad para proceder contra el administrador, el acreedor se puede dirigir conjuntamente contra los dos simultáneamente y no de manera consecutiva necesariamente.

5.- La responsabilidad de los administradores por deudas sociales tiene carácter objetivo y alcanza a todos los integrantes del órgano de manera solidaria entre sí y con la sociedad.

6.- Por deudas originadas de manera posterior a la aparición de la causa de disolución. Se entiende que la sociedad continuó funcionando en el tráfico mercantil y los terceros siguieron contratando con la misma confiando en su solvencia cuando, realmente, no debía haber seguido funcionando en el tráfico mercantil. Por tanto, los administradores no responderían por deudas anteriores a que la causa de disolución existiese frente a sus acreedores en este caso (Antes la LSC obligaba a responder frente a todas las deudas).

7.- En consecuencia, es determinante la fecha de la causa de disolución. Es un hecho fundamental que ha de ser debidamente alegado y objeto de prueba: bien la fecha en que se produjo tal hecho constitutivo de la causa legal de disolución, bien la fecha en que pudo ser razonablemente conocido por los administradores sociales. Dado que la responsabilidad de éstos se basa en no haber adoptado determinadas iniciativas (la primera de todas, convocar la junta societaria para adoptar el acuerdo de disolución) en un determinado plazo legal (dos meses), los acreedores deben indicar cuál es esa fecha. Porque, de no hacerlo, incluso aunque se probara durante el proceso que la sociedad se encontraba incursa en tal causa legal de disolución y no se hubiera convocado la junta societaria para adoptar el acuerdo de disolución, no es posible determinar si en la fecha en que se interpuso la demanda ha transcurrido ese plazo de dos meses, y si el mismo no hubiera transcurrido, los administradores no estarían incursos en la responsabilidad prevista en tal precepto legal. Y aquí hemos de recordar lo que explicábamos en otros artículos de que la Ley presume el conocimiento del administrador respecto a los estados contables y patrimoniales anual y trimestralmente, como mínimo. Por lo que deberán estar muy atentos, en todo caso, a la situación financiera de la empresa y hacer un seguimiento intenso cuando la sociedad pase por dificultades.

Cada caso de causa de disolución por pérdidas o insolvencia es único, por lo que recomendamos un análisis personalizado de cada caso concreto dado que los elementos expuestos no son los únicos que intervienen en estos supuestos de responsabilidad de los administradores por deudas sociales, pérdidas e insolvencia.

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