Abogados especialistas en Derecho Digital en Madrid

La protección de datos personales no es únicamente una obligación legal, es una regulación que protege un derecho fundamental cuya desprotección tiene consecuencias muy graves para los ciudadanos titulares de sus datos personales.

Efectivamente, a medida que avanza la digitalización de los sistemas sociales y los procesos productivos empresariales, ya no son las personas las que toman decisiones por otras; al revés, cada vez más se diseñan algoritmos que toman decisiones que suprimen los derechos de los ciudadanos o los discriminan frente a otros porque el diseño de los mismos está sesgado.

Por su parte, las grandes tecnológicas han descubierto los conjuntos de datos personales como una palanca de crecimiento y enriquecimiento muy rentables, por lo que los acumulan en grandes cantidades (big data) formando grandes silos de datos que les permiten crear relaciones asimétricas con los organismos públicos, los consumidores y las sociedades en general. Sin embargo, tales avances no pueden hacerse de cualquier modo, pues el derecho de la protección de datos personales es un derecho fundamental para los ciudadanos y, dado que los procesamientos de datos personales son omnipresentes en los procesos productivos de las organizaciones, los convierten también en vectores de riesgo para las organizaciones, puesto que, cuando no se respeta la legalidad aplicable, las que actúan como responsables de tratamiento o procesadores de datos de sus clientes pueden sufrir contingencias reputacionales, económicas y operativas.

Despacho de abogados expertos en Protección de Datos Personales con despacho en Madrid capital

Muchos clientes se centran en cumplir superficialmente los requisitos normativos mínimos habilitando y ubicando ciertas cláusulas, pero la experiencia nos demuestra que normalmente son la punta del iceberg de su propio incumplimiento pues ignoran que deben adoptar toda una estrategia de privacidad integral, dinámica, continuada y específica para poder afrontar un mar de cambios constantes por la cantidad de interacciones en los que los datos personales están implicados.

Existe una creciente tendencia a denunciar a las empresas y todo tipo de organizaciones por brechas de seguridad y privacidad, así como a reclamarles posteriormente por los daños generados en su esfera de privacidad y de intimidad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Protección de la Intimidad, el Honor y la propia Imagen regulan mecanismos de reclamación para solicitar indemnizaciones cuasi automáticas por responsabilidad objetiva, por lo que los clientes asumen riesgos tangibles y específicos si sus flujos productivos no cuentan con una política de procesamientos de datos adecuada.

Por todo ello, el cumplimiento de la GDPR es un proceso continuo, basado en el riesgo que involucra a todo su negocio u organización y que garantizar una adecuada gestión de riesgos requiere la monitorización continua de los riesgos y no una intervención puntual (Agencia Española de Protección de Datos, Guía de riesgos)

El simple hecho de tener una página web desde las que las organizaciones comunican y promueven sus servicios, fines o actividades ya las convierte en sujetos legales de obligaciones de derecho tecnológico.

Desde su simple identificación como responsables de una web o una aplicación (Artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico), hasta la obligación de asumir responsabilidades por los contenidos que alojan (Artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico o el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, sobre el derecho al olvido en relación a los buscadores y los prestadores de servicios de la información), los clientes deben mantener una política legal de vigilancia y reactividad adecuadas en la que podemos integrarnos y asesorarles como abogados  de derecho de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, sectores tan pujantes como el comercio electrónico también tienen implicaciones desde otras regulaciones normativas importantes como es el derecho de los consumidores y usuarios que se convierte así en otra implicación regulatoria integrada en el derecho de las nuevas tecnologías.

Las tiendas de comercio electrónico no solamente deben informar a sus clientes y socios comerciales sobre sus derechos de privacidad, además deben evaluar y homologar si sus proveedores y servicios en la nube cumplen con los requerimientos y obligaciones que el derecho de las nuevas tecnologías les impone.