Podemos definir la inflación como un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. En los últimos meses la subida de los precios se ha desbocado en tasas que no se recordaban desde hacía décadas. Una situación así implica que suban los costes de bienes y servicios en todo tipo de sectores con el perjuicio generalizado que ello conlleva.
Algunos sectores de actividad pueden repercutir dichas subidas de costes, pero otros no tanto. Un caso paradigmático es la subida de costes que tiene lugar vía contratos. Por ejemplo, el caso de los contratos de alquiler pues los inquilinos de los arrendamientos en los que se haya regulado que podrá subirse la renta cuando lo haga el IPC experimentarán una drástica subida en el precio mensual de dicho alquiler.
Recordemos que los contratos de alquiler pueden haber regulado la revisión de su renta anualmente para adecuarla a la variación del coste de vida. Este coste de vida que oscila anualmente, normalmente al alza, se calcula mediante referencia a un índice que se publica cada año. Normalmente este índice es la propia variación que experimenta el índice de precios al consumo, el IPC, pero, en algunos otros casos, sin embargo, el índice de referencia no es el índice de la inflación general, sino el Índice de alquiler de vivienda.
Sea uno u otro índice, lo cierto es que los contratos de alquiler son un caso paradigmático también en otro aspecto. En el hecho de que son contratos que las partes firmantes realizan por su cuenta, normalmente sin asesoramiento jurídico, tomando un modelo que se adapta sobre la marcha. Estos contratos se consideran estandarizados, algo sencillo de regular y suscribir.
Sin embargo, la inflación ha puesto de relieve el peligro de firmar, sin más, cláusulas estándar que una parte predispone y que la otra apenas suele discutir o modificar, porque hasta cláusulas aparentemente sencillas pueden conllevar contigencias latentes cuyo peligro las partes, especialmente el inquilino como parte débil del contrato, no suele prever.
En el caso de los alquileres, por ejemplo, haber negociado y regulado un límite máximo a la subida que podría experimentar la renta basada en el IPC, incluso aunque esté referenciado a un índice público como los comentados, habría bastado para hacer un cierto control de daños o pronosticar subidas de costes según ciertos escenarios. Sin embargo, las partes firmantes, a menudo, no están acostumbradas a reparar en los detalles ocultos; proyectar escenarios posibles menos deseables; los riesgos no evidentes, etc., porque se asume que es un contrato sencillo, al alcance de quienes los suscriben y que permite ahorrarse el coste de un asesoramiento legal.
Las cláusulas estándar que una parte predispone y que la otra apenas suele discutir o modificar, pueden conllevar riesgos ocultos cuyo peligro las partes, especialmente la parte débil del contrato, no suele prever
Otro tanto sucede con cláusulas de gran peligro como las que consisten en cláusulas penales que posteriormente no se pueden moderar en vía judicial o cláusulas de obligado cumplimiento que se suscriben sin prever escenarios en los que poder desistir habría sido no solo conveniente sino la única vía de salida para la parte perjudicada por ella.
La conclusión de todo ello parece clara. Si en los contratos sencillos encontramos múltiples motivos para considerar esencial contar con un asesoramiento adecuado, con mayor motivo será preciso cuando se trate de contratos de mayor complejidad en los que, incluso, puede ser necesario considerar criterios establecidos por la jurisprudencia sobre situaciones específicas o contar con la experiencia de un Abogado en problemáticas asociadas a las crisis e incumplimientos de los contratos porque la mejor manera de redactar un contrato es considerando los peores escenarios para los intereses del cliente al efecto de preverlos y prevenirlos en lo posible.
El mejor contrato es que el que implica consultoría sobre los intereses en juego
Como abogados especialistas en contratos, protegemos los intereses de los clientes en las situaciones que deben regular sus contratos; les prevenimos de los riesgos de estipular u omitir ciertas cláusulas, así como proponemos distintas regulaciones según convenga al cliente. Si se encuetra entre los clientes que prefiere invertir en seguridad jurídica, puede contactarnos para informarle de nuestros servicios.